Xalapa, Ver.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre expresa que va más allá del discurso, la reforma constitucional en materia judicial que ha permitido, por primera vez, la elección popular de juzgadores federales y locales: “La reforma va más allá de un discurso y es el tema de que la ciudadanía se involucre, tenga voz y voto en la elección para los mejores perfiles”.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre expresa que esto se refleja en el Consejo de la Judicatura al elevarse el número de inicio de procesos administrativos sancionadores, en los últimos 2 años.

En relación a los procesos administrativos sancionadores, Jiménez Aguirre expresa que en el 2023 se iniciaron y se resolvieron 180 procedimientos; en el 2024 fueron 97, y en lo que va de este año 2025, hay 65.

Actualmente hay procesos en contra de 4 jueces, 2 de ellos en prisión preventiva y otros 2 con órdenes de aprehensión, todos por estar probablemente vinculados a un hecho relacionado con su función.

Lisbeth Jiménez Aguirre participa en el proceso de elección de juzgadores, pues su intención es permanecer en la magistratura y si obtiene una amplia votación continuar en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

“Tengo un compromiso personal con la administración de justicia. Traigo un proyecto en el que he venido trabajando, ya 2 años y medio y me gustaría darle continuidad”. Entre su misión como magistrada está la de tener una justicia de puertas abiertas y cercana a la ciudadanía.

Resaltó que el Poder Judicial no está subordinado a los poderes Ejecutivo y Legislativo y goza de autonomía y más ahora que llegaran juzgadoras y juzgadores emanados del voto popular que nada tienen que ver con partidos políticos”.

Manifestó que no se puede pasar por alto que debe haber una coordinación, esa siempre ha existido y debe existir, son tres Poderes los que conforman el Estado de Derecho: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Agregó que necesariamente debe haber una coordinación porque en el Poder Judicial se aplican las leyes que emanan del Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo se encuentra la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

“Nosotros no somos solos, tenemos que coordinarnos, pero eso nunca ha significado una subordinación ni mucho menos que no exista una autonomía. Hoy más que nunca tenemos autonomía para la toma de decisiones y esto sin duda, creo que se va a exacerbar ahorita posterior a la elección, porque van a llegar juzgadoras y juzgadores que serán electos por el voto popular, que no tienen nada que ver con partidos políticos”.

Tiene asignado el número 25 en la boleta rosa que para magistradas y magistrados Tribunal Superior de Justicia.

Fue nombrada magistrada el 30 de julio del 2020 y designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia el 2 de diciembre del 2022 para un periodo de 3 años. En su ficha bibliográfica se menciona contar Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Veracruzana. Con Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Villa Rica, continuó su formación académica con un Posgrado en Derechos Fundamentales y Minorías en la Universidad de Gerona, España.

Además, completó una serie de posgrados relacionados con el Derecho Penal y la Justicia en la misma Universidad; así como una actualización en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, y otra en Tendencias Actuales en Instrucción, Proceso Penal y Medicina Forense.

Ha ocupado diversos cargos dentro del servicio público en el ámbito jurisdiccional: Inició como auxiliar administrativo en el Tribunal Superior de Justicia; secretaria particular de magistrado, hasta lograr desempeñarse como secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala en Materia Penal.

Fue jueza de Control y Enjuiciamiento en el Séptimo Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica; posteriormente, jueza de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales Octavo, con cabecera en Papantla y Sexto, con cabecera en Tuxpan.

“Ser magistrado, juez o servidores públicos, conlleva una responsabilidad, hay un deber legal que cumplir en cualquier ámbito, ya no se diga en el tema de la administración de justicia porque justamente somos conocedores del derecho”, finalizó Lisbeth Jiménez Aguirre

CD/GL