El reciente asesinato de Astrid Cruz y su hijo adolescente en Zapopan, Jalisco, ha conmocionado al país y puesto nuevamente en evidencia la alarmante impunidad que rodea los casos de feminicidio en México. El presunto responsable, Eduardo N., expareja de Astrid, no solo tenía antecedentes por un crimen similar, sino que también está vinculado a la desaparición de otras dos mujeres. Este trágico suceso subraya las fallas sistémicas que permiten a agresores reincidir en actos de violencia extrema contra las mujeres.

Este individuo ostenta un patrón de violencia ignorado. Eduardo N. cumplió una condena de 16 años por un asesinato cometido en 2004. A pesar de su historial violento, logró reinsertarse en la sociedad sin una supervisión adecuada ni medidas que garantizaran que no representara una amenaza para otras mujeres. La falta de seguimiento y de programas efectivos de reintegración para agresores con antecedentes de violencia de género es una falla crítica en el sistema de justicia mexicano.

Además, Eduardo N. está implicado en la desaparición de dos mujeres más, lo que indica un patrón de conducta que, de haberse atendido oportunamente, podría haber prevenido el feminicidio de Astrid y su hijo. La ausencia de una respuesta contundente por parte de las autoridades ante estas desapariciones refleja una indiferencia alarmante hacia la vida y seguridad de las mujeres.

En respuesta a la creciente violencia de género, varios estados de México han adoptado la "Ley Monse", que busca imponer sanciones a quienes encubren a feminicidas, incluyendo familiares y amigos. Esta legislación elimina la "excusa absolutoria" que permitía a personas cercanas al agresor evitar responsabilidades legales por encubrimiento. Estados como Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco ya han implementado esta ley, con el objetivo de cerrar las brechas legales que facilitan la impunidad en casos de feminicidio. 

Es imperante la necesidad de una Reforma Integral del Sistema de Justicia.La implementación de leyes como la "Ley Monse" es un paso importante, pero insuficiente si no va acompañada de una reforma integral del sistema de justicia. Es imperativo que las autoridades judiciales adopten una perspectiva de género en todos los niveles, desde la investigación hasta la sentencia, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean tratados con la seriedad y urgencia que merecen.

Citlalli Hernández, primera secretaria de las Mujeres en México, ha señalado que el Poder Judicial es uno de los ámbitos con más resquicios machistas y patriarcales. Esta afirmación resalta la necesidad de transformar profundamente las instituciones encargadas de impartir justicia, para erradicar las actitudes y prácticas que perpetúan la violencia de género y la impunidad. 

El feminicidio de Astrid Cruz y su hijo es un recordatorio doloroso de las consecuencias mortales de la impunidad y la falta de acción efectiva por parte del sistema de justicia mexicano. Es urgente que se implementen medidas integrales que incluyan la supervisión de agresores con antecedentes, la adopción de leyes que sancionen el encubrimiento y una reforma profunda del Poder Judicial. Solo así podremos aspirar a una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia y donde la justicia no sea una promesa vacía, sino una realidad tangible.

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CD/GL