El derecho a la jubilación es universal y es innegociable. A mi juicio, tampoco se puede imponer la subida de la edad de jubilación, por muy poderosas razones. La justicia intergeneracional es una de las claves para el reconocimiento, de que toda la gente merece disponer de unas décadas de descanso, después de la mayor parte de la vida trabajando. En realidad, todas las personas que trabajan llegan a mayores de modo inexorable, si no mueren antes. Conviene tenerlo presente y no vivir de fantasías pensando que la juventud o la edad adulta se mantienen para siempre. Los jóvenes deben tener claro que, antes de lo que creen, llegarán a ser mayores y querrán también una pensión de jubilación suficiente, que les permita vivir, con una cierta calidad de vida. Es indudable que el sistema de pensiones público debe equilibrar la responsabilidad individual con la solidaridad colectiva. Es necesario un modelo público fuerte frente a la privatización, para garantizar esta prestación a todos los trabajadores, de una forma justa y proporcional. Los que quieran y puedan hacer planes privados de pensiones están en su derecho. De igual forma, los ciudadanos que deseen prolongar su vida laboral hasta los 70 años o más, si es posible legalmente, pueden hacerlo, según los tipos de trabajo. Lo que no puede ser es que se suba la edad de retiro, más de lo que ya está determinado en España, para supuestamente hacer sostenible el sistema de pensiones.

En mi opinión, hasta hace unos años la jubilación a los 60 o 65 años, en función de los años trabajados, era lo óptimo, sin ninguna duda. Porque el incremento de la esperanza de vida es un promedio estadístico, que para muchos no se cumple. La sostenibilidad del sistema de pensiones es un reto ineludible, algo que nadie discute, pero existen soluciones que no se basan en aumentar la edad de jubilación. Algunos países ya han optado por la subida de las cotizaciones, en lugar de elevar la edad para cobrar la pensión. El impuesto a las grandes fortunas y a los ingentes beneficios de grandes empresas y bancos es otra solución, para que las pensiones sean sostenibles combinando esta medida, con el incremento de las cotizaciones y con una subida del IPC aplicada, justamente, a los ingresos mensuales por jubilación. Se pueden crear también impuestos especiales, para los que tienen grandes ingresos, que sirvan para el sostenimiento del sistema de pensiones. Además, todo esto es combinable también con un fomento de la natalidad y con la auténtica integración de los inmigrantes, que son una fuente de riqueza y progreso para España, ya que aportan financiación con su trabajo al sistema de la Seguridad Social. No se debe olvidar que, el creciente impacto de la automatización y una mayor productividad, supondrán menor presión para los trabajadores.

De este modo, sin necesidad de cambios estructurales, con la combinación de distintas medidas, como las antes mencionadas, es realmente sostenible el sistema de jubilación existente en España. No se pueden reducir los derechos adquiridos. Es entendible que el neocapitalismo de la vigilancia del siglo XXI, pretenda que los beneficios económicos de las empresas no tengan límites, pero los gobiernos de los países y también el de España deben gravar, con impuestos suficientemente altos, las ganancias ingentes o astronómicas de muchas empresas.

El Estado del bienestar no es una quimera y todos deben aportar su contribución, sobre todo los que más ganan y se enriquecen. Es lo característico de la justicia social. Nuestro país es un Estado de derecho y social, por tanto, las medidas sociales son absolutamente imprescindibles, ya que garantizan que todas las personas también puedan disfrutar de su existencia, en los últimos decenios de su vida. La política debe ser realista, pero también ambiciosa. En los países nórdicos se realizan políticas sociales, que son ejemplos para las demás naciones.

Además, en los próximos lustros el acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial provocará, sin duda, cambios notables en el paradigma de la economía productiva y en las formas de vida. Muchos trabajos serán realizados por robots o por la misma IA. Muchas personas tendrán que ser subsidiadas por los gobiernos y el paro será mayor, ya que la automatización será muy eficiente y se incrementará extraordinariamente la productividad. La sociedad cambiará mucho.

Esto ya lo aseguran grandes expertos en estas cuestiones y es una evidencia incuestionable.

Además, el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones similares son otra de las soluciones, para asegurar una adecuada calidad de vida para todos en el presente y en el próximo futuro y su eficacia está avalada por prestigiosos profesores universitarios de economía, si se aplica bien.

Como se puede observar, la clave está en tomar buenas iniciativas que también tengan en cuenta la solidaridad intergeneracional. Los gobiernos de los Estados deben priorizar el bienestar de todos los ciudadanos, por encima de los ingentes beneficios, que pretenden lograr las grandes empresas y corporaciones, a costa del bienestar y los derechos de las personas. Es la auténtica solución.

CD/JB