Se está poniendo en cuestión el Estado social en Europa y en el resto del mundo. El Estado benefactor o del bienestar es absolutamente necesario, ya que si no se garantiza supone, de facto, la desaparición de un conjunto de derechos, que están recogidos también en los Derechos Humanos y en las constituciones de los países democráticos. El intervencionismo estatal es indispensable en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el empleo y otras. Es cierto que las desigualdades económicas seguirán existiendo, por causa de la propia naturaleza humana. Se trata de que los gobiernos de los países equilibren las fuerzas del mercado libre de bienes y servicios, de un modo justo y racional. Lo que se traduce en la promoción de la protección social y también de la justicia social. La redistribución de la riqueza producida en cualquier país es una de las mejores formas para lograr, que todos los ciudadanos vivan con suficiencia económica y de un modo digno. De otra manera, es prácticamente imposible. Es la cruda realidad. Esta política del Estado benefactor o del bienestar se puso en marcha a finales del siglo XIX y principios del XX. En esa época existía una creciente demanda de sistemas estatales de protección social, ya que numerosos ciudadanos sufrían en las crisis económicas que se producían, y reclamaban un cambio de las condiciones laborales y sociales. En la Alemania de fines del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck implementó las primeras leyes de la seguridad social, en la década de 1880. Comenzaron a ponerse en marcha los seguros de enfermedad, accidentes y vejez. En realidad, estas medidas trataban de mantener la estabilidad social, algo que también sigue siendo un objetivo en pleno siglo XXI.

En la crisis de 1929, el New Deal del presidente Roosevelt introdujo programas sociales y económicos, para reactivar la economía y proteger a los más vulnerables y dio resultados esperanzadores. Las políticas de bienestar social fueron adoptadas, por muchos países después de la Segunda Guerra Mundial y es entendible, ya que se tenía que reconstruir una gran parte de Europa y otras partes del mundo. A partir de los años 50 y 60 del pasado siglo, el Estado del Bienestar se fue consolidando en Europa y América del Norte. Las ideas de Keynes influyeron notablemente, ya que defendía la intervención estatal, con la explícita finalidad de regular la economía y garantizar el pleno empleo. En cambio, en la década de 1970, la crisis del petróleo y el estancamiento económico plantearon dudas en los políticos, sobre el mantenimiento de la sostenibilidad del bienestar de los ciudadanos. Desde el neoliberalismo, no se estaba de acuerdo con las políticas de protección social, con la excusa de la reducción del gasto público, pero lo primero es la renta mínima de todos.

La liberalización de la economía y el dejar hacer al libre mercado, no es la solución de todos los problemas económicos, de las capas sociales más vulnerables o desfavorecidas. A partir de la década de 1980, la globalización y el auge del capitalismo salvaje causaron un incremento de la privatización de servicios públicos, y también supuso la flexibilización laboral en muchos países. No se puede privatizar la sanidad pública, porque perjudica a los ciudadanos, ya que lo privado pone en primer lugar las ganancias, y en el ámbito de la atención médica general a toda la población, no puede ser un criterio justo, por razones obvias. Otra cuestión diferente es que coexistan la sanidad pública con la privada, algo que es completamente racional. No se debe olvidar que el mismo Keynes afirmó que el Estado debe intervenir en la economía, para evitar crisis económicas y también para garantizar el pleno empleo.

Lo que es evidente es que el ingreso mínimo vital o la renta básica son estrategias propias de una política de protección social. Existen otros posibles procedimientos posibles. Ante las dificultades de acceso a la vivienda en nuestro país y en otros muchos, se pueden dedicar más fondos económicos procedentes de los impuestos, para que se construyan cientos de miles de viviendas anuales y de este modo los precios de los pisos bajen, de forma considerable. También es preciso que se pongan topes máximos a los precios de los alquileres, o que se den ayudas para la compra de la vivienda. En definitiva, hacen falta políticas sociales valientes, que no se queden en simples intentos que no solucionan los problemas, y que sirven para la justificación de las políticas realizadas. Por ejemplo, la construcción de dos mil viviendas está muy bien, pero se necesitan 260.000 pisos construidos cada año en España. Todo lo que no sea una cifra muy similar a la citada, no sirve de nada para los millones de ciudadanos afectados por la inflación desbocada y la precariedad laboral junto con los sueldos, que han perdido mucho poder de compra. Hace falta política social de verdad que arriesgue, porque de otra manera, no se logra un bienestar económico para todos. En nuestro país, el riesgo de pobreza afecta a una cuarta parte de la población.

CD/YC