El acuerdo, cuya copia obtuvo Excélsior, establece que ante cualquier hallazgo, las ONG's deben avisar a la Semar, Conapesca y Profepa, para que ellos retiren las "redes fantasma"

El nuevo convenio suscrito por el gobierno federal con organizaciones de la sociedad civil para el Alto Golfo de California, prohíbe a los barcos del Museo de la Ballena y Sea Shepherd, extraer las redes ilegales que pescadores furtivos colocan en el hábitat de la vaquita marina.

Lo anterior a pesar de que de 2016 a 2020, esta actividad permitió a los activistas retirar más de mil artes de pesca prohibidas, utilizadas principalmente para capturar al pez Totoaba y que son de los pocos "logros", que México puede presumir ante la comunidad internacional.

El acuerdo firmado el pasado 23 de junio, cuya copia obtuvo Excélsior, a través de la Ley de Acceso a la Información, establece que ante cualquier hallazgo, las ONG's, que trabajan con personal y recursos económicos propios, tienen que avisar a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Conapesca y Profepa, para que sean ellos quienes personalmente acudan a recoger las llamadas "redes fantasma", donde muere ahogado el mamífero marino en mayor peligro del mundo.

Aunque el párrafo del convenio es ambiguo, los marinos e inspectores de la Profepa destacamentados en San Felipe, Baja California, advirtieron desde hace meses a la tripulación del barco Narval del Museo de la Ballena y del buque Sharpie de Sea Shepherd, que según su libre interpretación, ellos no pueden levantar las redes ilegales, como ocurría en el pasado.

Ante esta situación que prácticamente los tiene atados de manos, los barcos de las agrupaciones ambientalistas se encuentran anclados en el muelle sin salir al mar, desde principios de noviembre.

Para nadie es un secreto que a raíz de los recortes presupuestales por la llamada política de austeridad, se redujeron las acciones de inspección y vigilancia en la región, y no hay dinero para el combustible de las tres lanchas tipo "Boston" con las que cuenta la autoridad ambiental.

Además de que el nuevo coordinador de la Profepa para el Alto Golfo, el tercero en tres años, el joven biólogo Diego Alonso Zamora Uribe, con apenas cinco meses en el puesto, todavía no sabe si tendrá contrato por honorarios para 2022.

El acuerdo que se volvió a redactar por parte de Profepa, a raíz de la muerte de un pescador ilegal, luego de la colisión del barco de Sea Shepherd con una embarcación menor, el 31 de diciembre de 2020, incluye una cláusula de confidencialidad, que obliga a las ONG´s a guardar silencio sobre lo firmado y lo que ocurre en el hábitat crítico de la vaquita marina.

Todo el personal involucrado guardará estricta confidencialidad de la información vinculada al 'CONVENIO', y se comprometen a no divulgarla a personas ajenas al cumplimiento de este instrumento sin la autorización previa y por escrito de las PARTES, quedando bajo su más estricta responsabilidad el mal uso o divulgación que pudiera hacer de ésta por causas imputables a él o a su personal.", señala.

Apenas el pasado 19 de noviembre, este diario, reveló que con total impunidad, alrededor de 500 embarcaciones menores estuvieron pescando durante todo el día y la noche en la llamada "Zona de Tolerancia Cero", de la vaquita marina.

Las pangas, en su mayoría sin rótulos ni permisos vigentes, llegaron hasta el "área restringida" en busca de camarón, que en esta temporada, que inició el 22 de septiembre, está sumamente escaso.

Lamentablemente, las organizaciones de la sociedad civil están valorando la posibilidad de abandonar el hábitat de la vaquita marina, ante las medidas impuestas por parte del gobierno, que impiden que realicen su labor de manera efectiva.

Además, los activistas no tienen con quién aclarar la situación, ya que desde el 12 de agosto no se realiza una reunión del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), luego de que Iván Rico, quien llevaba los trabajos, fue ascendido al cargo de subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Mal y de malas 

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, lamentó la situación por la que atraviesan las ONG's, que arriesgando incluso la integridad física de sus integrantes, se encuentran desde hace al menos seis años, dando la batalla por la vaquita marina.

El biólogo maestro en Ciencias, aseguró que la extracción de redes ilegales era lo único que se hacía bien en el Alto Golfo de California, tan es así, que el Gobierno de México destacaba estos resultados cuando lo llamaban a cuentas por parte de Estados Unidos, la UNESCO o la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

Recordó que después del trágico accidente ocurrido a finales de 2020, por la colisión de un barco con una panga de pescadores furtivos, que posteriormente provocó un ataque de "totoaberos", que quemaron embarcaciones, vehículos e instalaciones de la Semar, la Profepa ordenó una pausa de siete meses, que fue aprovechada por los ilegales para apoderarse del mar.

Advirtió que con lo que actualmente ocurre en la región, las autoridades no sólo anulan a los ambientalistas, sino que entorpecen las acciones para salvar a la vaquita marina de la extinción, a pesar de que no le cuesta nada mantener dos grandes barcos y la tripulación.

Agregó de esta forma, se atenta contra los últimos 10 ejemplares de vaquita marina que quedan, lo que pone a México en un altísimo riesgo de recibir nuevas sanciones comerciales por parte de la comunidad internacional, que se sumarían al embargo pesquero que pesa sobre el Alto Golfo desde 2018, y que tiene a las comunidades de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, al borde del colapso.

Con información de: Excélsior

CD/YC