* La justicia, un acto social y estamos obligados a trabajar por una cultura de la legalidad, puntualiza al ponderar integridad, profesionalismo e independencia de jueces y magistrados
* Informa avances en justicia laboral a un año de la implementación de la reforma en la materia; se ha privilegiado conciliación entre trabajadores y patrones

Centro, Tabasco.- A tres años de iniciado un proceso escrupuloso de mejora continua, el Poder Judicial de Tabasco subrayó su compromiso con el imperio del Estado de derecho, una puntual lucha contra la corrupción, la mejora en los procesos de gestión, y ratificó su política de puertas abiertas de manera que ciudadanía tenga garantizado el derecho humano de acceso a la justicia.

En un acto democrático de rendición de cuentas, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Enrique Priego Oropeza, afirmó que los resultados alcanzados hasta el momento son producto del esfuerzo de los servidores judiciales, entre ellos magistrados y jueces, quienes “estamos comprometidos con el programa anticorrupción de los gobiernos de Tabasco y de la República”.

A golpe de sentencias, con su trabajo diario, con ética, demuestran su compromiso con Tabasco, “al que servimos profesionalmente para abonar al bien de la sociedad”, enfatizó, y agregó que han trabajado armoniosamente para cumplir los objetivos de la institución en el cumplimiento y aplicación de la ley.

De manera especial, se refirió a los valiosos servidores públicos que nos arrebató la pandemia --de los cuales no queremos ni debemos olvidarnos-- y les expresó su profundo agradecimiento por su contribución y reconocimiento como seres humanos que cumplieron su ciclo de vida al servicio de la sociedad.

Al dar cumplimiento a los artículos 55 ter y 59, párrafo segundo de la Constitución Política de la entidad, y 21, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante el pleno de la LXIV Legislatura y el gobernador Carlos Manuel Merino Campos --de quienes destacó su lealtad a Tabasco, apoyo para la ejecución de resoluciones judiciales y solventar necesidades administrativas, así como ayuda para atender las necesidades presupuestales--, el magistrado Priego Oropeza renovó su compromiso con la impartición de justicia pronta, expedita, imparcial y transparente, como exigen la ley máxima del país y los tabasqueños.

Dado que la justicia es un acto social y estamos obligados a trabajar por una cultura de la legalidad, el titular del Tribunal Superior de Justicia ponderó la integridad de los miembros de la Judicatura que al actuar de manera profesional e independiente refrendan diariamente la confianza de los justiciables.

Indicó que la labor jurisdiccional se efectúa en Tabasco sin influencias o preferencias, con estricto respeto a los principios de honestidad y justicia, y para robustecer la mística de servicio, informó que los plenos de magistrados y consejeros aprobaron un nuevo Código de Ética, un conjunto de normas que se cumplen “no por miedo al castigo, sino por voluntad consciente de realizar el bien”.

En compañía de la coordinadora del Voluntariado del TSJ, Mercedes Segura de Priego --a quien reconoció su humanismo e incansable labor al frente de las damas que trabajan por los grupos vulnerables--, el magistrado Priego Oropeza estableció que a más de cinco años de haberse implementado en toda la entidad el sistema de justicia penal acusatorio todavía están en proceso asuntos del sistema tradicional anterior que no han sido juzgados definitivamente por tratarse de juicios muy complejos y delitos de gran impacto social, en los que procesados y sus defensores están ejerciendo el derecho constitucional de defensa.

Por ello, aún se mantienen tres juzgados del sistema mixto, dos en Villahermosa y uno en Cárdenas, en los que se dictaron 101 sentencias y siguen en trámite 184 expedientes, observó en la ceremonia en la que estuvo acompañado por los ex presidentes del Poder Judicial, Guadalupe Cano de la Cruz, quien fuera su maestra al cursar la licenciatura en Derecho, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Ramón Hipólito Hernández Aguayo, Guillermo Narváez Osorio y Rodolfo Campos Montejo.

Recordó que el 6 de junio de 2016 entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el estado y a más de un lustro de aplicación estamos superando el proceso de transición, por lo que llamó a analizar los equívocos en la implementación del sistema procesal penal acusatorio, superar las deficiencias, mejorar los criterios de interpretación y aplicar mayor esfuerzo. Con ello se cumplirán los objetivos de esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por el ilícito.

En cuanto al sistema de justicia laboral, los seis juzgados distribuidos en Centro, Macuspana y Cunduacán están cumpliendo su función a un año de haberse implementado y en 2021 han iniciado mil 414 expedientes, y concluyeron 506, de los cuales 159 fueron por sentencia. Por convenio entre trabajadores y patrones se han resuelto 184 asuntos.

Y al pronunciarse por que en el futuro los conflictos en materia civil y familiar en vez de convertirse en tormentosos juicios se resuelvan en pacíficas conciliaciones como parte de la justicia alternativa, el magistrado Priego Oropeza sostuvo que en este periodo en el Centro de Mecanismos Alternativos de Justicia se efectuaron 691 procesos de conciliación en los que se suscribieron 437 convenios.

Al señalar que jueces y magistrados están obligados a aplicar ex oficio el control difuso de convencionalidad de protección de derechos humanos establecido en la reforma constitucional en la materia de junio de 2011, el funcionario aseveró que a pesar de los esfuerzos institucionales y sociales la familia sigue sufriendo violencia, por lo que reiteró su respeto a los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, así como su compromiso para eliminar barreras para evitar discriminación de las personas por condición de sexo o género, e hizo un llamado.

E hizo votos por que desde la familia y la educación se contribuya a los esfuerzos institucionales y de organizaciones sociales para evitar que el núcleo básico de la sociedad siga sufriendo estos embates.
Sobresale lucha anticorrupción

Ante la titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalupe Castro de Merino, destacó la revalidación de la certificación internacional del sistema de gestión antisoborno ISO 37001:2016, para los procesos de compras y obras públicas --rubro este último en el que se invirtieron 50.9 millones de pesos de recursos federales y estatales--, además de que está en trámite la misma recertificación en las nueve regiones del sistema penal acusatorio y oral.

Agregó que pese a las restricciones que aún impone la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, el servicio de administración de justicia está garantizado, se han reactivado paulatinamente trámites jurisdiccionales cuya atención había estado limitada y con ello los asuntos en materia civil, penal, mercantil y laboral lleguen hasta su conclusión.

Además, dijo, se ha cuidado la salud de los justiciables y los servidores públicos, ya que en el caso de los que padecen comorbilidades laboraron desde casa durante casi un año y nueve meses, hasta que las autoridades de salud decretaron el semáforo epidemiológico verde el 29 de noviembre, a partir de lo cual volvieron a oficinas. Simultáneamente, se han mantenido medidas de desinfección de juzgados, salas de segunda instancia y áreas administrativas, así como protocolos de medición de temperatura, uso de gel y sana distancia para evitar la dispersión del contagio.

El funcionario señaló que en los casos de la sala especial constitucional del Tribunal tabasqueño y los centros de Acceso a la Justicia Alternativa y de Convivencia Familiar se privilegió el trabajo a distancia y mediante reuniones y audiencias por videoconferencias para evitar la concentración de personas.

Para dignificar la labor jurisdiccional el 17 de diciembre de 2020 se inauguraron los centros de Justicia de Juicios Orales de Cárdenas y Huimanguillo y un mes después, en enero de 2021, se pusieron en marcha los tribunales laborales III y IV del municipio de Centro, así como se remodelaron la Secretaría General de Acuerdos y el Centro de Estadística, Informática y Computación, afectados por un incendio registrado el 21 de enero.

Además de trabajos de mantenimiento en juzgados, tribunales y áreas administrativas en todo el estado, la institución ejecutó obras de ampliación y mejoramiento en los centros regionales de justicia penal de Cunduacán, Comalcalco Macuspana y Paraíso, en tanto prosigue la labor titánica de digitalizar y resguardar aproximadamente 300 toneladas de expedientes del Archivo Judicial, algunos de ellos con antigüedad de hasta 40 años.

Durante el periodo que se informa --del 18 de noviembre al 14 de diciembre 2020, y del 4 de enero al 17 de noviembre de 2021-- la Oficialía Mayor prosiguió el programa de adquisición de bienes muebles y equipo informático y se ha antepuesto la entrega de éstos a los órganos jurisdiccionales para mejorar los servicios.

En el documento de 256 páginas se refiere que para atender asuntos rezagados por años, la administración del magistrado Enrique Priego elaboró el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial y se actualizó el Manual de Organización, con lo que se resolvieron observaciones del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE).
Detalló que como parte de su política de puertas abiertas, en 2021 se atendieron mil 216 audiencias, 512 de ellas relacionadas con expedientes, con lo que aumentaron considerablemente respecto al año anterior en virtud de que la emergencia sanitaria disminuyó.

El titular del Poder Judicial puso sobrerrelieve la relación respetuosa y de colaboración con los poderes Ejecutivo y Legislativo, Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib), y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Gobernación (Segob) y del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, el magistrado Priego Oropeza supervisó la operatividad del sistema de justicia laboral el 19 de octubre pasado con quien supervisó la operatividad de los juzgados laborales y el Centro de Conciliación, y el 13 de mayo ofreció la experiencia del tribunal tabasqueño a su homólogo de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos, en la implementación de la reforma de la justicia laboral al recibir a su enviado el magistrado Luis Villegas Montes.

Alcalde Luján subrayó que el gobierno federal está satisfecho con los resultados del modelo que se está impulsando en México para que haya una verdadera justicia laboral, y reveló que, a través del diálogo, en Tabasco se está conciliando 80 por ciento de los conflictos laborales para acabar con el viejo modelo con el que los juicios tardaban muchos años y no garantizaban justicia a nadie.

Luego de atestiguar el Tercer Informe de Gobierno que presentó el capitán Carlos Manuel Merino el 14 de noviembre, cuatro días más tarde, el 18 de noviembre, con el jefe del Ejecutivo estatal el presidente del Poder Judicial participó en la trigésima primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública donde el mandatario estatal rindió protesta como presidente del consejo.

Asimismo, con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guillermo Escamilla Narváez, atestiguó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Tabasco el 12 de marzo.

Destacan además la participación de la institución en la Reunión Nacional de Comisiones y Subcomisiones Estatales de Justicia de Adolescentes para Consolidar la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, y el 22 de noviembre en la presentación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con la Fiscalía General de Tabasco, el titular del Consejo de la Judicatura firmó el 19 de febrero un convenio de colaboración para fortalecer la profesionalización del servicio público, así como la procuración e impartición de justicia. Con ello, se generaron descuentos para cursar postgrados en el Centro de Especialización Judicial e intercambio de docentes que se efectuaba de manera informal desde 2019, así como participación en eventos de talla nacional e internacional.

Posteriormente, se dio seguimiento a este convenio con reuniones de trabajo para homologar criterios sobre la aplicación del Código Nacional del Procedimientos Penales y garantizar el respeto a derechos humanos.
Como parte del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, el tribunal tabasqueño participó el 26 de marzo en el conversatorio Juzgar con Perspectiva de Género en Órganos Jurisdiccionales.

También en ese marco, el 9 de abril en coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el comité estatal promovió las conferencias Derecho de las Mujeres en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad.

El 2 de junio, con el Instituto Estatal de las Mujeres el magistrado Priego Oropeza signó un convenio para estrechar lazos de colaboración institucional tendientes a favorecer la igualdad, no discriminación y paridad de género.

El 31 de agosto, el capitán Carlos Manuel Merino Campos se hizo cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo al rendir protesta al cargo ante el pleno de la LXIII Legislatura, mientras horas antes el gobernador con licencia Adán Augusto López Hernández asumió la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante lo cual el presidente del Tribunal Superior de Justicia aseveró que la relación estará marcada por la estabilidad, continuidad y fortaleza para Tabasco, y a su vez, Merino Campos ofreció mantener relación cordial con los poderes Legislativo y Judicial.

Cinco días más tarde, ambos funcionarios acudieron a la sesión solemne con la que dio inicio el ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura, ocasión en la que el presidente del TSJ informó que los recursos que la institución recibió del gobierno de Estados Unidos en la Iniciativa Mérida sirvieron para la ampliación de infraestructura en Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Jonuta, principalmente salas de juicios orales del sistema de justicia penal acusatorio adversarial.

Al subrayar la labor de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, el Centro de Estadística, Informática y Computación, la Coordinación de Planeación y Modernización Administrativa y la Dirección de Comunicación Social, el presidente del TSJ destacó las actividades de las damas voluntarias a favor de servidores judiciales y sus familias.

De esta manera, el 24 de junio y el 24 de noviembre la señora Mercedes Segura de Priego entregó dos cargamentos de tapas de plástico a la Asociación de Padres de Pacientes con Enfermedades Hematológicas, Oncológicas y Pediátricas para financiar tratamientos de niños con cáncer, suplementos alimenticios y pañales.

Cuatro días más tarde, el 28 de junio, el Voluntariado del TSJ entregó medicamentos, materiales de curación, pañales y suplementos alimenticios para pacientes de los hospitales del Niño Rodolfo Nieto Padrón, y Juan Graham Casasús, y el 4 de julio donó sillas de ruedas a los juzgados civiles, familiares, de control y de juicio oral de la región 9 para facilitar el traslado de ciudadanos con discapacidad que deben hacer trámites en esas instalaciones.

El grupo altruista además realizó un donativo de pañales a la Unidad de Oncología del hospital del Niño, a convocatoria de la entonces titular del DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, y durante las vacaciones de verano impulsó un certamen de matemáticas y un curso de dibujo a lápiz para los hijos de los servidores judiciales.
Y en apoyo a pacientes de la Secretaría de Salud, el 4 de noviembre, el grupo coordinado por la señora Segura de Priego se sumó a la campaña de recolección de despensas convocada por la titular del Voluntariado del DIF estatal, Guadalupe Castro de Merino.

Asimismo, a un año de la implementación del dispensario médico del Voluntariado, éste ha brindado atención a dos mil 257 personas.

El 23 de noviembre se realizó una donación de libros de Derecho penal, procesal, mercantil, procesal del trabajo y derechos relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Centro de Información y Documentación, que fue inaugurado en 1988, y actualmente cuenta con más de 20 mil volúmenes y 18 mil títulos de Derecho, así como ciencias afines.

Como parte del rescate de tradiciones del programa Nochebuena en Centro, las señoras Guadalupe Castro de Merino y Mercedes Segura de Priego encendieron la iluminación del portal de Belén y el árbol de Navidad con el magistrado Enrique Priego Oropeza, al inaugurar el 8 de diciembre el nacimiento monumental y encendido de la iluminación navideña de la fachada del Tribunal Superior de Justicia, que forma parte de la ruta de 22 nacimientos ubicados en parques y sitios emblemáticos de Villahermosa.

Capacitación de alto nivel

En razón de que el Derecho es dinámico, los operadores jurídicos continuaron el proceso de actualización de conocimientos, entre ellos 27 maestros en Derecho Judicial y en Sistemas Alternativos de Resolución de Controversias y dos doctores en Derecho Judicial de rezago de años anteriores que culminaron sus estudios, recibieron su grado y obtendrán sus títulos. En tanto, nueve doctores en Derecho Judicial y 27 maestros en Derecho Judicial y en Sistemas Alternativos de Resolución de Controversias más concluyeron sus estudios en agosto y están en proceso de certificación ante la Secretaría de Educación Pública.

En el año, con ayuda de plataformas de Zoom y Facebook live, el Centro de Especialización Judicial impartió 11 cursos, 16 talleres, cuatro diplomados, dos ciclos de conferencias, dos seminarios y tres conversatorios, en total 37 eventos en los que participaron tres mil 453 personas en mil 33 horas de capacitación.

Entre ellos se encuentran tres conversatorios en materia penal con magistrados de los tribunales del décimo circuito, magistrados y jueces del Poder Judicial tabasqueño.

Del 1 al 4 de diciembre de 2020, la institución participó en el Primer Ciclo Internacional de Intercambio de Experiencias Jurisdiccionales en materia penal México-Bolivia, organizado por la Asociación de Jueces y magistrados del Departamento de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, sede del Poder Judicial y capital histórico constitucional del país andino.

El 11 de diciembre, el magistrado Priego Oropeza puso en marcha el Tercer Foro Estatal Prospectivas para la Reforma Laboral en los Ámbitos Federal y Local, donde destacó la capacidad de los operadores del nuevo sistema puesto en marcha el 18 de noviembre de 2020, y dos meses después, el 17 de febrero, inauguró el Ciclo de Intercambio de Experiencias: A Cien Días de la Implementación de la Reforma Laboral, en el que participaron los titulares de los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, así como representantes de la Judicatura de Baja california, Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca.

El 6 de abril, el Centro de Especialización Judicial concretó el taller Estratégicas Prácticas en Oralidad Laboral, el cual cursaron abogados postulantes y servidores judiciales para repasar conocimientos sobre audiencias preliminares y de juicio oral con desahogo de pruebas porque “a nadie conviene un juicio largo”.

A partir del 15 de junio, con el taller Medidas de Protección en Materia Penal, arrancó un ciclo de dos conferencias y tres talleres teórico-prácticos sobre las recientes reformas a la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Los otros talleres fueron los denominados Órdenes de Protección en Materia Civil, Las Órdenes de Protección en el Contexto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como Medidas de Protección del Tribunal Laboral.

El ciclo concluyó el 30 de junio con la conferencia Órdenes de Protección según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impartida por el magistrado Gregorio Romero Tequextle, quien señaló que la reforma en vigor desde el 19 de marzo ordena a las autoridades desarrollar un plan de capacitación al personal ministerial y judicial en un plazo no mayor a 180 días.

El 7 de julio, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la primera sesión ordinaria 2021 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que estuvo representado el Poder Judicial tabasqueño y se planteó robustecer el sistema de protección de derechos humanos de niños migrantes. Más tarde, sesionó el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que se dio luz verde a los lineamientos generales para el funcionamiento de comisiones del propio sistema.

Y del 23 al 25 de agosto las juezas Lorena Denis Trinidad y Lorena Hernández impartieron el seminario Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a 43 servidores judiciales.

A casi un año de la puesta en marcha de la reforma laboral, la institución promovió el 28 de septiembre la conferencia El Teletrabajo, Concepto y Alcances de la Reforma Laboral, en la que el maestro en Derecho Laboral, Jorge Antonio Loyo Pérez manifestó que se trata de un tema del que se habla hace 50 años a nivel mundial, pero en México no existía regulación.

En su mayoría por medios remotos, el Centro de Especialización Judicial impartió el Diplomado Profesionalizante en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, el curso taller Gestión y Administración Judicial y el taller La Función Pericial ante los Órganos Jurisdiccionales.

El 4 de marzo, el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de la Asociación Internacional de Doctores en Medios Alternos de Solución de Conflictos presentó su libro La Mediación como Vía al Bienestar y la Felicidad, mismo que comentó la secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero.

Doce días después, el 16 de marzo, el Centro de Especialización Judicial presentó vía Zoom el libro Litigio Estratégico para el Cambio Social en México, de Carlos Morales Sánchez, abogado indígena que narra la detención de Azalea, una joven zapoteca acusada por un delito ambiental y que constituye la génesis de la primera demanda de amparo en lengua indígena en México. El libro fue publicado por la editorial del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) con sede en San José de Costa Rica.

Además, el Poder Judicial publicó el libro Ciencia Jurídica, Transdisciplina y Complejidad, de la doctora Graciela Staines, coordinadora de la universidad Nacional Autónoma de México, en el que participaron investigadores de América y Europa, luego de que en junio pasado el Consejo de la Judicatura formalizó su registro en el Padrón Nacional de Editores ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Así también, se generó la vinculación con la Universidad del Quindío en Colombia, al publicarse una edición especial con aportaciones de alumnos de postgrado del Centro de Especialización Judicial.

Otras acciones relevantes fueron las conferencias magistrales Distribución de Competencia en Materia Laboral, a cargo del consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, y la denominada Trata de Personas: Realidades, Experiencias y Desafíos, que expuso Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, magister en Derecho Constitucional por la Universidad de la Sabana, e integrante del capítulo Colombia del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. En total, en las dos conferencias participaron 573 personas.

En coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se impartió el curso Juzgar con Perspectiva de Género, que se desarrolló del 23 al 25 de marzo, y del 5 al 14 de abril se efectuó el taller para analizar la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas Desaparecidas de Jalisco.

A partir del 29 de abril se llevó a cabo la Semana de Actualización a la Reforma Laboral en coordinación con la Universidad Alfa y Omega, y el 4 de mayo dio comienzo el Diplomado de Actualización en Derecho Laboral impartido por 14 catedráticos, entre ellos magistrados y jueces tabasqueños, a 77 alumnos.

La doctora Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, quien forma parte del claustro de maestros del diplomado de actualización, impartió la conferencia La Perspectiva Internacional en la Justicia Laboral. La conferencista es titular de la Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.

Veintiún alumnos iniciaron el 28 de mayo el Diplomado Justicia Integral para Adolescentes que impartieron jueces en materia civil y penal, así como el magistrado especializado en la materia Samuel Ramos Torres, mientras en tres grupos --entre el 5 de abril y el 20 de mayo--, tuvo verificativo el taller Estrategias Prácticas en Oralidad Laboral, y del 22 al 30 de junio 16 abogados participaron en el taller Estrategias Prácticas en Oralidad Mercantil.

El 29 de junio se puso en marcha el diplomado Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a cargo de Martha Laura Garza Estrada, directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial de Nuevo León, en el que participan 41 alumnos.

De igual manera, el 24 de septiembre y entre el 5 y 21 de octubre, el doctor en Derecho, Nimrod Mihael Champo Sánchez, quien forma parte del claustro de maestros invitados del Centro de Especialización Judicial desde hace una década, impartió a magistrados el taller Reparación Integral del Daño en el Sistema Penal Acusatorio.

Compartió con ello su experiencia como capacitador certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En tanto, el 28 de septiembre se celebró el conversatorio titulado 200 años de la Consumación de la Independencia de México, en el que convergieron los profesores investigadores de la UJAT, Patricia Ordóñez León y Jesús Arturo Filigrana Rosique, así como el consejero de la Judicatura, Eugenio Amat Bueno.

INTENSA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

En el periodo que se informa, los juzgados civiles, familiares, mixtos y de oralidad mercantil iniciaron 36 mil 283 expedientes en materia civil, y se concluyeron 18 mil 537, de los cuales cinco mil 736 fueron por sentencias definitivas y 12 mil 801 por otros motivos.

En los juzgados penales y mixtos del sistema tradicional se dio comienzo a 40 iniciaron procesos penales y se concluyeron 479 expedientes, 101 de ellos por sentencias definitivas. Mientras en los tribunales laborales se iniciaron mil 414 asuntos, la mayoría de ellos --mil 165-- por asuntos ordinarios, 154 especiales, siete por huelga, 12 por ejecución de convenio y 76 voluntarios. Se finalizaron 506 asuntos, 159 de ellos por sentencias.

A través de los juzgados de control y tribunales de juicio oral se judicializaron seis mil 217 asuntos, de los cuales cinco mil 490 correspondieron a causas. De ese total se finalizaron dos mil 900 asuntos, entre los cuales se encuentran 359 por sentencia definitiva en juicio oral, y 519 por sentencia definitiva en procedimiento abreviado. Quedan en proceso dos mil 31 causas.

En el juzgado de control y tribunal de juicio oral especializado para adolescentes se judicializaron 58 asuntos y se finalizaron todos, tres de ellos por sentencia definitiva en juicio oral y 27 por sentencia definitiva en procedimiento abreviado.

En tanto, en el juzgado de ejecución de sanciones penales se registraron mil 927 ingresos, de los que 808 corresponden a carpetas de ejecución.

En el ámbito de la justicia para adolescentes, en el sistema tradicional existen 27 expedientes en trámite de cumplimiento de ejecución de medidas legales, y en el sistema penal oral se iniciaron 58 asuntos y se concluyeron 57 procesos penales, todos por cumplimiento de las medidas legales impuestas por los jueces.

En segunda instancia, en las salas del Tribunal Superior de Justicia en materia penal en el sistema tradicional se iniciaron 226 tocas que sumados a 29 apelaciones del año anterior, dan un total de 255 asuntos. Al concluirse el trámite de 227 tocas quedan en salas únicamente 28 tocas.

A su vez, en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial las salas penales dieron comienzo a 607 apelaciones, 350 de ellas, inconformidades contra determinaciones de jueces de control, 208 de los tribunales de enjuiciamiento y 49 de los jueces de ejecución. Se concluyeron 550 asuntos en los que se confirmaron 339 determinaciones de jueces y tribunales, se modificaron 64, se ordenó la reposición del procedimiento en 21 casos y se declararon nulos cuatro. Quedaron en salas 151 tocas.

La primera y segunda salas civiles del tribunal tabasqueño registraron el ingreso de mil 323 asuntos que, sumados a los 317 en trámite del ejercicio anterior y cinco que regresaron a trámite, hacen un total de mil 645 expedientes.

De ese quantum, se terminaron mil 347, en 703 de los cuales se confirmaron las resoluciones de los jueces, en 307 se modificaron, en 205 se revocaron y en nueve expedientes se declararon sin materia. Quedaron 298 tocas en trámite.

En la sala unitaria especializada en justicia para adolescentes, en tanto, se iniciaron nueve tocas que, sumados a los tres que regresaron a trámite, suman 12 expedientes, los cuales fueron resueltos en su totalidad.

Contra las resoluciones pronunciadas por las cuatro salas penales del Tribunal de Justicia en el sistema tradicional se promovieron 82 amparos. A dicha cifra se adicionaron 176 juicios de garantías de años anteriores y hacen un total de 258. Las autoridades federales resolvieron 104 juicios y de ellos, en 47 se concedió la protección de la justicia de la Unión, se negó en 38, se sobreseyó en 16 y se desecharon tres amparos. Quedan pendientes de fallo federal 154 juicios.

En lo concerniente a las determinaciones de la segunda instancia en el sistema penal acusatorio adversarial se promovieron 185 amparos, que suman 303 con los 118 en trámite de años anteriores. Las autoridades federales resolvieron 161 amparos, 64 de ellos para emitir nuevas resoluciones, 64 fueron negados, 29 se sobreseyeron y cuatro se desecharon por extemporáneos. Quedan pendientes de fallo 142 amparos.

Y en contra de las resoluciones de la sala unitaria especializada en justicia para adolescentes se promovieron 34 juicios de garantías, todos resueltos por las autoridades federales. En 14 expedientes fue concedida la protección de la justicia de la Federación para emitir una nueva resolución, en 14 fue negada, en tanto que cinco amparos fueron sobreseídos. Quedan 11 amparos pendientes de fallo federal.

En materia civil se promovieron 451 amparos. Éstos forman parte de los 699 juicios de garantías que las autoridades federales analizan en este periodo, sumados a los 248 de periodos anteriores. De los 499 expedientes resueltos se concedieron 67, se negaron 316, en 48 expedientes se dictó el sobreseimiento, 54 fueron desechados de plano y 14 declarados extemporáneos. Quedan en trámite 200 amparos.

CD/YC