La hoja de ruta que no han consolidado para la transformación en el combate a la corrupción se articula en una Agenda Nacional Anticorrupción en la que puedan participar el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto: Algunos temas en la mesa son: Fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción.

Cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones del gobierno. Crear un padrón único de proveedores y contratistas del gobierno. Reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto. Impulsar la bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales. Crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales. Reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos.

Otros le apuestan a que erradicar el financiamiento ilegal para las campañas políticas. Impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes e incorporar al sector privado en el combate a la corrupción. Hay quienes opinan que la corrupción daña la credibilidad de las instituciones públicas: “¿Para qué pagar impuestos, si los políticos se los roban?”, piensan ciudadanas y ciudadanos. La corrupción degrada valores y bienes comunes: “¿Por qué debo ser honesto, como gobernador o como alcaldesa, si mis colegas ya se enriquecieron en su cargo y yo aún no?” Pero hay algo peor: la corrupción entorpece el desarrollo nacional por los altos costos sociales y económicos que ocasiona. La ciudadanía, que espera contar con un hospital, escuela o carretera, se queda sin bienes y servicios indispensables. Por otra parte, si un servicio público se concesiona a quien pagó una mordida y no a quien ganó una licitación apegada a la ley, el servicio acaba por ser defectuoso y la población ve reducido su nivel de vida. Esto se traduce en pobreza y desigualdad: los programas sociales desaparecen, los subsidios no se concretan y el dinero con el que iba a financiarse un proyecto de bienestar social, acaba en un negocio privado o en el financiamiento de una campaña política, donde muy pocas personas salen ganando.

CD/GU