En representación de juzgadores del sureste mexicano participó la jueza tercera de lo familiar, Lorena Denis Trinidad
Resalta compromiso del magistrado Enrique Priego con respeto a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes

Villahermosa, Tab.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualizó el Protocolo con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, herramienta legal que servirá como guía para que los juzgadores caminen hacia la aplicación de la justicia garante del respeto a los derechos humanos bajo el principio de privilegiar el interés superior del niño.

El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco participó vía streaming en la ceremonia de presentación del protocolo al ser integrante del Consejo Consultivo Honorario, y la representación la llevó la jueza tercera de lo familiar, Lorena Denis Trinidad.

La Dirección General de Derechos Humanos del alto tribunal mexicano convocó a este consejo consultivo en el ánimo de que quienes, desde su ámbito de responsabilidad, estuvieran más cerca de casos que impliquen derechos de la infancia y adolescencia compartieran sus observaciones, recomendaciones respecto al protocolo vigente hasta el 22 de noviembre, para lo cual se integraron mesas de trabajo en foros virtuales, a manera de atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal.

Denis Trinidad, quien también intervino a nombre de los juzgadores del sureste de México, explicó que la retroalimentación fue posible gracias al apoyo del presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, quien desde el inicio de su administración ha respaldado este tipo de proyectos, y fomentado que los juzgadores se especialicen para mejorar el servicio de administración de justicia.

“He tenido todo su apoyo en este y otros proyectos. Acabamos de terminar un diplomado en adolescencia y eso habla de la preocupación del magistrado Priego Oropeza por cumplir con la legislación, la Constitución, por garantizar y respetar los derechos humanos”, comentó.

La doctora en Derecho con 24 años de antigüedad laboral consideró un orgullo que la Suprema Corte de Justicia tomara en cuenta al Poder Judicial de Tabasco y le dieran la oportunidad de aportar su experiencia en la materia.
El nuevo protocolo suma nueva jurisprudencia de la Corte y dado que ésta es de obligatorio cumplimiento significa tener un ABC sobre requisitos mínimos que debe cumplir un juzgador para, por ejemplo, hacer una escucha de menores, en casos donde haya violencia, así como los tratados que debe analizar, a efecto de fundar y motivar su determinación legal.

Durante la presentación del protocolo se recordó que el 20 noviembre se conmemoraron 32 años de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Convención de los Derechos del Niño y este ejercicio para actualizar el protocolo representa un esfuerzo más a modo de que la convención sea una realidad para la infancia y adolescencia del país.

Reflexión sobre retos

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Corte, mencionó que la nueva edición es oportuna por los recientes cambios en el sistema jurídico y por las graves crisis mundiales y la pandemia que han impactado desproporcionalmente a la población.

Es momento de hacer una reflexión sobre los avances en la materia y los retos a futuro para este sector de la población para que sea una realidad una vida digna y de autorrealización. Este protocolo muestra la reflexión sobre el pasado y futuro de los derechos de la infancia y adolescencia, refirió.

González Alcántara Carrancá detalló que los contenidos del protocolo se enmarcan en un esfuerzo institucional para fortalecer los sistemas de justicia, que tengan como base los derechos humanos, y resaltó esfuerzos con los que la sensibilización y difusión sobre los derechos de infantes y jóvenes vayan de la mano con procedimientos legales, toda vez que en caso contrario sería solamente retórica carente de contenido.

Regina Castro Traulsen, directora general de Derechos Humanos de la SCJN, puso sobre relieve la importancia de actualizar este instrumento para lograr una justicia adaptada a los requerimientos de respeto a los derechos infantiles y juveniles, en los que prevalezca el interés superior del menor. Para ello se requiere de esfuerzos desde todas las trincheras posibles, apuntó.

La última edición disponible del protocolo no contemplaba la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además a siete años de la última publicación la línea jurisprudencial y los estándares internacionales en la materia han tenido un crecimiento exponencial que ameritaba que el contenido fuera revisado y actualizado, anotó.

Relató que se efectuó un intenso trabajo colectivo, que inició con un proceso consultivo nacional en el que se recabaron opiniones y experiencias de juzgadores federales y locales, litigantes e integrantes de la sociedad civil, de la academia y de las procuradurías federal, estatales y municipales de protección de niñas, niños y adolescentes.

Y en un hecho inédito, se incluyó la recopilación de opiniones de infantes y adolescentes que han transitado por un proceso judicial en el país para conocer su percepción sobre la impartición de justicia.

Arturo Alberto González Ferreiro, magistrado del primer tribunal colegiado civil y del trabajo de Chihuahua e integrante del consejo consultivo, aseguró que el documento posibilita a los juzgadores deshacerse de prejuicios y visiones personales sobre el mundo al momento de hacer su trabajo. “Es la herramienta para confrontar las visiones personales y, por medio de las sentencias, alcanzar la mayor protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, indicó finalmente.

CD/GL