Hay avances, pero igual retrocesos. El dinero en la política en muchos casos está haciendo la diferencia entre una campaña exitosa y otra que no lo es, de manera tal que la pretensión de controlar y vigilar el dinero en la política no se ha cumplido y pueden estar llegando funcionarios públicos y representantes con compromisos ajenos a sus electores. Difícil identificar todos los casos, pero lo que sí se puede afirmar que estos ya no sólo se dan en el ámbito de pequeños y apartados municipios.

Mucho se ha escrito respecto a que la democracia no se reduce al momento de acudir a las urnas a depositar el voto. Mucho también sobre las diferentes formas de ejercer la democracia y también sobre la calidad de la misma y los diferentes estadios.

México cuenta con un complejo entramado normativo electoral derivado de su propia historia. La transición democrática devino en un conjunto de reformas electorales en las que se fueron ampliando los derechos político-electorales, constituyendo autoridades electorales autónomas, propiciando reglas y financiamiento para una contienda equitativa y fortaleciendo la representación plural de la sociedad.

El exceso de reglas para inhibir conductas indebidas ha traído como consecuencia la multiplicación de fugas legales, es decir, amplios márgenes de interpretación de quienes interponen recursos para atacar o defender posiciones y de la propia autoridad que en no pocas ocasiones cae en sentencias contradictorias o ajustadas al caso de que se trate, rompiendo la regla de la abstracción y generalidad que supondría su proceder.

México cuenta con un padrón electoral confiable, con una cobertura del 98 por ciento de la ciudadanía. Lamentablemente no se comunicó adecuadamente la depuración del listado nominal de los mexicanos residentes en el extranjero, lo que pudo haber puesto en duda este importante instrumento, base fundamental de la credibilidad.

Se cuenta con una equilibrada distribución de la población en los 300 distritos federales que conforman la geografía electoral de México, al igual que en los distritos que constituyen cada una de las 32 entidades de la República. Instrumento confiable no sólo por lo que hace al número de habitantes por distrito de acuerdo al censo 2020, sino además porque para ello se siguió el procedimiento riguroso de consulta a las comunidades y organizaciones políticas para considerar criterios de integración de comunidades indígenas y afromexicanas, además de criterios de movilidad, identidad comunitaria. De manera tal que la distritación vigente no es la mecánica distribución de población en 300 distritos, sino cada uno de ellos conforman sociedades que comparten, en la medida de lo posible, historia, identidad y comunicación.

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en medidas de inclusión y en particular en la referente a la igualdad entre hombres y mujeres y esto se ha reflejado de manera muy importante en la normatividad electoral, de manera tal que se fijan condiciones objetivas para garantizar la conformación igualitaria de los Congresos y se ha avanzado en la posibilidad real del acceso de mujeres a cargos ejecutivos en los diversos niveles de responsabilidad.

En materia político electoral se ha ido más lejos y se han tomado medidas afirmativas para garantizar la representatividad a pueblos originarios, comunidades afromexicanas, miembros de comunidades de la diversidad sexual, jóvenes y discapacitados.

Si bien todo lo anterior puede considerarse progresivo, lo cierto es que en ocasiones para cumplir con los estándares o bien obtener una postulación, se ha incurrido en la simulación o en el tráfico de avales de pertenencia a alguna comunidad. Para no hablar de las fuertes discusiones entre los miembros de algunos partidos que consideran que atender algunas de estas acciones afirmativas transgrede sus principios.

Sin duda este es un tema que habrá que revisar y ponderar los principios de representatividad y los de inclusión, hasta donde uno se puede sobreponer al otro.

México optó, para decirlo rápido, por el modelo europeo y no el estadounidense para financiar la política. Si, la norma establece que el financiamiento a la política proviene fundamentalmente del erario público, las aportaciones de particulares están restringidas y prohibidas las que provienen del extranjero, de la iglesia y de corporaciones tanto empresariales como sindicales.

La pretensión de controlar e identificar el origen y el destino del dinero en la política ha sido ineficiente al menos en dos sentidos: la fiscalización ha ido a la zaga y los recursos públicos y de otras fuentes ilegales, incluido el crimen organizado, fluyen cada vez en mayor cuantía.

La fiscalización a cargo del INE se enfrenta al menos a dos problemas estructurales, por una parte el que los recursos ilegales que fluyen a la política no pasan por el sistema financiero y es muy costosos y complejo el despliegue que se requiere para detectarlos por vías indirectas y por otra parte, instituciones gubernamentales como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la Comisión Bancaria y de Valores e instituciones bancarias son fuente fundamental de información, sin embargo, en los últimos años los requerimientos de datos no son atendidos o no llegan con la oportunidad con la que se requieren.

Un fenómeno a seguir es el que tiene que ver con los atentados contra candidatos y candidatas que en más de cuarenta casos han culminado lamentablemente en asesinatos. Este fenómeno se ha incrementado de 2015 a la fecha y sin duda genera un clima poco propicio para la postulación de candidatos y para que la ciudadanía atienda las campañas y en algunos casos inhibe la participación el mismo día de las elecciones.

Para el 2 de junio, además de los riesgos de inseguridad a los que ya nos hemos referido, el problema residirá en la calidad de la capacitación que hayan recibido los funcionarios de las casillas, para hacerse cargo de abrir las urnas, contar los votos y llenar las actas correspondientes.

CD/YC