Si algo nos ha dejado el agitado ambiente político de las semanas recientes con motivo de los procesos disfrazados de selección de candidaturas al interior de las fuerzas políticas que protagonizarán la madre de todas las batallas el próximo 2 de junio del 2024, es que urge que se legisle para establecer las elecciones primarias en los partidos políticos.

Las denuncias de Marcelo Ebrard sobre múltiples inconsistencias en la elección de Morena que lo llevaron a pedir la reposición del proceso y que revelan la simulación en el oficialismo para convalidar la decisión – el dedazo, pues- del presidente López Obrador en favor de Claudia Sheinbaum, o la manera en que fue ungida la senadora Xóchitl Gálvez como la abanderada de Fuerza por México, sin elecciones, al margen de los ciudadanos y violentando las reglas del procedimiento electivo que ellos mismos aprobaron, son muestra clara de ello. Ni a quien irle de las coaliciones que buscan conquistar al electorado, en cuanto a sus procesos que poco tuvieron de democráticos.

Con lo visto hasta ahora son muchas las voces que han externado su preocupación por la permisividad en relación con los actos anticipados de precampaña que han caracterizado los últimos meses del proceso electoral rumbo a las elecciones federales del próximo año, pues se concluye que existió simulación de precampañas por parte de ambas coaliciones políticas y estos procesos adelantados pusieron en un predicamento a la autoridad administrativa y jurisdiccional que debieron generar acuerdos y resoluciones para darles un barniz de legalidad, puesto que es sabido que de acuerdo a la normativa electoral las precampañas deben iniciar el 5 de noviembre y concluir el tres de enero de 2024 y en el caso de la elección interna de la candidatura presidencial, a las senadurías y diputaciones federales ello debe concretarse a más tardar el 24 de enero.

En la práctica, en las semanas recientes asistimos a un conjunto de actos de una sucesión presidencial adelantada, tanto en el oficialismo, impulsada desde luego por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que puso a "competir" a sus prospectos, y entre las fuerzas opositoras que, para no quedarse atrás, jugaron con las mismas cartas y ambas formaciones arrancaron antes de tiempo la nominación disfrazada de sus abanderadas o abanderados a la primera magistratura del país, amparados en vacíos legales en la materia.

Llegamos así al alumbramiento de quienes serán las candidatas presidenciales en procesos en los que la participación de la sociedad –pese a lo que se diga- solo fue parte de la escenografía. Y lo que quedó de manifiesto lisa y llanamente que una vez más, o como siempre ha sucedido, las élites de los partidos o el dedo del presidente son los que tienen el poder de decisión.

La selección de las candidaturas para cargos de representación popular está sometida a los intereses y ambiciones de los jerarcas de los partidos políticos, de los poderes fácticos y obviamente, a la voluntad del presidente que ejerce así una de las facultades meta constitucionales que tiene: el elegir a su sucesor, o al menos al candidato de su partido. Son las élites políticas, en suma, las que establecen procesos y reglas a conveniencia para preservar el control y asegurar lealtades.

Como manera de atemperar en algo este reparto del botín a mansalva, en el año 2014 se reformó la Ley General de Partidos de 2014 para establecer la obligación de los partidos de contar con estándares mínimos para la elección de sus candidatos y en 2017 el Tribunal Electoral les ordenó establecer órganos internos de selección. No obstante, los alambicados procedimientos que han seguido, llámense encuestas o consultas, aseguran a las cúpulas la designación de los candidatos. Nada ha cambiado, pues, y la mejor muestra de ello es que en cada elección al menos los 10 primeros lugares de las listas de representación proporcional las mantienen las dirigencias en turno para acomodar o premiar a sus allegados.

¿Cómo atender esta circunstancia y trascender las disputas que invariablemente marcan los momentos de la selección de candidatos?

Se argumenta que ello será posible con la instauración en la legislación de elecciones primarias, un mecanismo que ha probado su eficacia en los Estados Unidos, desde luego con sus particularidades por el diseño de su sistema electoral, así como en países europeos o en varias naciones de América Latina. En aquellas latitudes se ha logrado, con sus bemoles, una mayor representatividad de los abanderados y se les dota de mayor legitimidad para la contienda abierta, pero sobre todo se estimula una mayor participación e involucramiento ciudadanos en la vida política del país; y de impulsarse en México contribuiría a hacer más efectiva la definición de los partidos políticos como entidades de interés público.

De lo que se trataría en todo caso es que las élites partidistas respondan ante la militancia y en su vida interna posibiliten la movilidad de sus cuadros, el corrimiento en el escalafón y den cabida a la pluralidad y al disenso, al diálogo interno y que en la adecuada representación de intereses renueven su contrato con la sociedad. Todo lo cual redundaría en la legitimación del sistema político y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

México ha cambiado en los años recientes y hoy existen nuevas condiciones para la competencia, donde la incertidumbre en cada proceso y la posibilidad de alternancia es una realidad. Pero seguimos estando en deuda ante la sociedad en el proceso de democratización interna de los partidos políticos, organizaciones que concentran miles de millones de pesos de recursos públicos que son manejados al arbitrio de las cúpulas.

Nuestro país requiere modernizarse en la integración de la representación política y en ese propósito debe reflexionarse en la viabilidad de establecer elecciones primarias y la segunda vuelta electoral para que los procesos electorales sean fuente de legitimidad y no de conflicto.

Ese es uno de los grandes temas sobre los que deberá reflexionarse en las próximas legislaturas y que pondrán a prueba el talante democrático de la próxima presidenta de nuestro país.

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CD/YC