Lo cierto es que el nivel municipal de gobierno tiene un peso importante en la experiencia de vida de las personas. Se ha convertido en un actor clave que incide en la vida de la ciudadanía, y sus acciones y omisiones cuestan mucho. De cada 10 trámites realizados por un ciudadano en México a lo largo de un año, 5.7 son directamente con el gobierno municipal; tres de 10 trámites reportados con experiencia de corrupción, 6.2 fueron realizados frente al gobierno municipal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, el costo monetario promedio de cada interacción corrupta en el ámbito municipal es de mil 375 pesos. Un estimado simple a partir de las cifras de la misma encuesta, donde 15 de cada 100 personas reportaron experiencia de corrupción con el gobierno municipal, y tomando en cuenta el monto promedio erogado por este concepto, suma 7.3 mil millones de pesos. Dado que, en promedio, cada persona realiza 4.4 trámites al año tan sólo con el gobierno municipal, el monto al que asciende la corrupción en trámites municipales al año es 4.2 veces lo que costó la Estafa Maestra documentada por la ASF cuando Juan Manuel Portal dirigía aquel organismo.

En una encuesta realizada en un municipio con población de poco menos de un millón de habitantes al sureste del territorio nacional, encontraron que a un 19.4 por ciento de las personas encuestadas le sugirieron dar algún tipo de mochada o regalo para realizar un trámite frente al gobierno municipal. Cabe mencionar que las cifras en el tema a nivel municipal son escasas. Un grupo de investigadores se propusieron entender por qué la gente se presta a cometer este tipo de actos; especialmente los que tienen que ver con corrupción administrativa. Encontraron que no es necesario un esquema sofisticado para incurrir en estas faltas. Encontraron de igual manera que, en el día a día, lo último que pasa por la mente de las personas es faltar a la norma, pero que dadas las circunstancias es frecuentemente el camino más fácil. Lo mismo ocurre para los funcionarios públicos. La gran mayoría de los funcionarios públicos entran al servicio público motivados por hacer un bien a su comunidad. Pero al igual que el ciudadano, las circunstancias los hacen subirse a una “resbaladilla” de la cual estando arriba, sólo queda bajar y seguir bajando.

Un ejemplo. Frente a una inconformidad en algún servicio o bien público, el ciudadano tiene cuatro posibles cursos de acción: I) Escapar al sector privado para comprar el bien o la cosa; II) Reclamar al gobierno para que arregle las cosas; III) Ser leal al gobierno y “aguantar” el mal rato; IV) Rendirse y aceptar que nada cambiará, y finalmente V) Jugar con el sistema y buscar una palanca. Usar “palancas” como tal, no es necesariamente un delito, pero sí es una práctica que facilita en muchas instancias la corrupción. Le preguntaron a los habitantes de esa ciudad: ¿qué creen que las personas harían frente a un caso en el que tuvieran un problema con algún servicio médico en un hospital público? Las personas creen que la mayoría “emitiría un reclamo o una queja” (26 por ciento), le sigue “usar una palanca” (25 por ciento) y un 23 por ciento decidiría irse al sector privado. Desde luego esta última opción implica costos por lo que no está disponible para todos. Llama la atención que un 18 por ciento señala que se rendiría no hay nada que hacer al respecto.

Para el ciudadano el dilema llega cuando los servicios a los que quiere acceder no tienen sustitutos en el mercado. Por ejemplo, un permiso de construcción o una licencia para negocio, las cuales no pueden ser ofrecidas por el sector privado, pues la emisión es exclusiva, en este caso, del nivel de gobierno municipal. Preguntamos qué creen que harían las personas si el gobierno municipal les negara un permiso para construir su casa. Ante este escenario, el 39 por ciento señaló que “usaría una palanca”, mientras que el 29 por ciento y el 20 por ciento dijo, respectivamente, que “reclamaría” y que “se rendiría” al hecho. Este ejercicio muestra la facilidad con la que se mete a la ciudadanía en un dilema.

CD/YC