***¿Y de esto qué dicen las autoridades federales? De acuerdo con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, así como con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, la corrupción es el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual.

En términos más simples, la corrupción se asocia con la utilización de un cargo público o privado para lograr un beneficio, ya sea para uno mismo o para terceros.

Si el dinero que se ha presupuestado para que funcionen los servicios públicos o se construyan hospitales, escuelas o carreteras es utilizado para abultar la cuenta bancaria de una persona servidora pública o para financiar la campaña de una candidatura política, se frena el desarrollo nacional.
Cualquier persona servidora pública que, violando la ley, otorga una concesión indebida a otra persona a cambio de que ésta le dé dinero o le proporcione alguna prerrogativa, incurre en corrupción. Esta práctica, desde luego, involucra a dos partes: la persona servidora pública y el particular. “Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, decían nuestras abuelas.

¿Cuáles son los efectos de la corrupción?

La corrupción daña la credibilidad de las instituciones públicas: “¿Para qué pago impuestos, si los políticos se los roban?”, piensan ciudadanas y ciudadanos. La corrupción degrada valores y bienes comunes: “¿Por qué debo ser honesto, como gobernador o como alcaldesa, si mis colegas ya se enriquecieron en su cargo y yo aún no?”

Pero hay algo peor: la corrupción entorpece el desarrollo nacional por los altos costos sociales y económicos que ocasiona. La ciudadanía, que espera contar con un hospital, escuela o carretera, se queda sin bienes y servicios indispensables. Por otra parte, si un servicio público se concesiona a quien pagó una mordida y no a quien ganó una licitación apegada a la ley, el servicio acaba por ser defectuoso y la población ve reducido su nivel de vida.

Esto se traduce en pobreza y desigualdad: los programas sociales desaparecen, los subsidios no se concretan y el dinero con el que iba a financiarse un proyecto de bienestar social, acaba en un negocio privado o en el financiamiento de una campaña política, donde muy pocas personas salen ganando.

¿Es un delito la corrupción?

No existe, como tal, un “delito de corrupción”. El término comprende un conjunto de ilícitos que los ordenamientos nacionales e internacionales tipifican. Lo que hay son actos de corrupción específicos, los cuales están clasificados como delitos o faltas administrativas. Estas últimas, contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CD/YC