Veracruz.- La jueza Angélica Sánchez, fue vinculada a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia.

El juez de control Roberto Santos Maldonado, determinó mantener la prisión preventiva de un año y estableció tres meses para investigación complementaria.

La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría, Sofía de Robina y la titular de la
Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaqueline Sainz Andujo explicaron que a ellas también las sacaron de la audiencia pero permanecieron dentro de los juzgados para enterarse en los recesos de lo que sucedía.

La Fiscalía General del Estado informó en comunicado que logró que el juez de control y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, dictara un auto de vinculación a proceso en contra de Angélica “N” como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público, respectivamente.

“Los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia, son derivados de diversas acciones que realizó la vinculada a proceso en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”; sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían el quejoso ni la materia; aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública”

Agregó que la carpeta de investigación respectiva se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, al haber realizado ésta una certificación de hechos que no son ciertos y dando fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquel en el que se encontraba la citada juzgadora.

“Por cuanto hace a la probable comisión del delito de tráfico de influencia, aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al CEFERESO de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada; presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución”, señaló la FGE.

Está pendiente la audiencia para revisar si se modifica la medida cautelar.

El Abogado de la jueza, Ricardo Aguilar Rodríguez admitió por su parte que no descartan que la misma pudiera ser trasladada a otro reclusorio como se ha visto en otros casos para “inhibir la defensa”

La jueza estableció que está bien en el penal de Pacho Viejo, no habría ningún motivo al interior del Cereso de Pacho Viejo, pero “ hemos visto que algunos asuntos, sobre todo de cierta relevancia se hacen los movimientos a penales distintos”.

La ley tiene traslados de carácter involuntario que primero la mueven y luego lo justifican.

“No lo descartamos, pero tampoco hemos visto ninguna situación”

La audiencia que iniciaría a las 10 de la mañana se atrasó debido a que el juez determinó que la misma fuera privada y no permitió que a la misma ingresaran los abogados de la defensoria pública federal, los enviados de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ni las del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Tanto la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría, Sofía de Robina como la titular de la
Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaqueline Sainz Andujo se quedaron en la sala y durante los cinco recesos que hubo iban conociendo del caso.

Precisaron que mantendrán el apoyo a la familia y al caso de la jueza.

Insistieron que la medida cautelar impuesta es excesiva e injustificada.

CD/GL