Cosamaloapan, Ver.- Puesto que hay resolución en el Poder Judicial de la Federación, declarando ilegal y discriminatorio el cobrar por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de actas de embargo por parte acreedores alimentarios, que sea solicitada por conducto de la Autoridad Jurisdiccional, según juicio de amparo indirecto 192/2019-II, resuelto en el Juzgado Octavo de Distrito del estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, el abogado Omar Nieto Castro promueve iniciativa ciudadano para derogar el ordenamiento que lo contempla.

Como parte del equipo del también abogado Rolando Castro Zamudio, en Cosamaloapan, según acotó, y dado que según argumentó el juzgador del citado procedimiento de amparo indirecto, “el citado precepto legal deja entrever una notoria discriminación para con los menores en general que soliciten tal prestación de servicios, esto es así, al darle un trato igual que a las personas que acuden a inscribir un embargo, sin considerar que se trata de una persona que pertenece a un grupo vulnerable, esto es, por su condición de niño y por su condición económica”.

El abogado señaló que presentó documento en la Legislatura del Estado, solicitando se contemple que se exente del citado pago, de 23.3260 unidades de medida y actualización (UMA), a los acreedores alimentarios que por conducto de la Autoridad Jurisdiccional soliciten inscripción de un embargo precautorio, en plan de asegurar el pago de pensión a hijos menores de edad, ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Acotó que de todos modos, quien se ampare contra el referenciado pago en la situación citada puede ganarlo, como lo ganó promovente del amparo indirecto aludido, por lo que se le regresaría el recurso, recordando que la propuesta al Congreso del Estado fue presentada ante la anterior legislatura, inicialmente, pero al asumir la diputada local por el XXIII distrito local, con sede en Cosamaloapan, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se está buscando revisar en que trámite se ubica lo que denomina iniciativa ciudadana.

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