Lo que declaró la jueza Angelica Sánchez Hernández, que le hicieron, es muy grave. Dijo que fue torturada y obligada a disparar un arma y además que le sembraron droga en su automóvil. Si con los protocolos aplicables queda demostrado que fue torturada se estaría, esencialmente, ante un Delito de Estado.

Desde una mirada crítica, viendo el caso de la jueza veracruzana Angelica Sánchez Hernández que fue privada de su libertad de manera ilegal en la ciudad de Xalapa a la que se le pretendía inventar, según el modus operandi de la Fiscalía General del Estado, el delito de “agravio a la autoridad” contemplado en el articulo 371 del Código Penal para el Estado de Veracruz que como dicen los juristas es una norma “espejo” que sustituye el “ultraje a la autoridad” que fue invalidado en 2022 por la SCJN.

La facilidad de “cometer” este delito es muy subjetivo y basta con que los policías digan que fueron agredidos y de ahí se aplica la flagrancia y ya la persona intervenida puede ser detenida.

Pero ya la tortura de que fue victima la jueza rebasa los límites de la jurisdicción local, Liliana Galdámez (2006) puntualiza: “la Convención contra la Tortura de 1984, se refieren al elemento teleológico en idénticos términos: definen la tortura como aquella cuyo propósito es conseguir a) información, sea que quien deba proporcionarla sea la propia víctima o un tercero; b) un medio de castigo, por un hecho que ha cometido o se sospecha que ha cometido; c) como medio para intimidar, coaccionarla a ella o a un tercero; d) por razón de discriminación”. Y cuando la tortura es consumada por agentes una dependencia gubernamental se convierte en Delito de Estado.

Es practica de la fiscalía “armar el tamal” con el cuento de “agravio a la autoridad”, para después, de ese señalamiento, fabricar otros delitos más graves.

Afortunadamente la jueza contó con la solidaridad de las barras y colegios de abogados veracruzanos que no la “dejaron morir sola” y dieron la batalla para que no se cometiera una injusticia más.

Se debe reconocer que la jueza acató una orden de un Tribunal Colegiado que ordenó aplicar criterios del debido proceso.

Con lo que queda demostrado que si eso le hacen a una jueza que es experta en derecho penal ¿Qué no le puede pasar a un ciudadano de a pie?

CD/YC