Nadie quiere estar en sus zapatos. Muchos consideran que le están pegando a la equivocada. Todo empezó en el Poder Judicial del Estado con la desaparición de veintinueve órganos jurisdiccionales, lo que trajo consigo la separación de su empleo de las personas que en ellos laboraban. Posteriormente vino la filtración de un audio, donde la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, invitaba a sus homólogos a bajarse el sueldo, y estos le argumentaban la inconstitucionalidad de dicha solicitud, posterior a ello, aludieron la ilegalidad de los contratos relacionados con las ciudades judiciales, después se percataron de los altos sueldos que tienen algunos funcionarios de dicho Ente, y ahora pretenden exigir cambios en la Presidencia.

Una parte de los que integran el Poder Judicial han agarrado como “piñata” lanzando una serie de adjetivos calificativos hacía Isabel Inés Romero Cruz, tales como: piadosa, sumisa, corrupta, entre otras linduras, por lo que su nombre, así como sus fotografías, se han convertido en el origen y la causa de cualquier problema que se suscite en dicho poder.

Los que conocen de este delicado tema han precisado que, es el Consejo de la Judicatura, el cual es un órgano colegiado compuesto de cinco miembros, quien se encarga de la administración de los recursos (humanos, materiales, financieros, entre otros), su vigilancia, disciplina y la carrera judicial de sus trabajadores, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; es decir, las decisiones tan duramente criticadas, fueron tomadas no de manera unilateral por Isabel Inés Romero Cruz, sino que fue, de manera colegiada esa decisión, y por ende votada por otros cuatro miembros que no están siendo cuestionados.

Lo que señala el numeral 4, del Decálogo del Abogado de Eduardo Juan Couture Etcheverry, y que reza: “…Lucha: tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.”; eso viene a colación, debido a que, en el audio filtrado se escucha a la Presidenta solicitarles a los magistrados presentes que, para no afectar a la base trabajadora, de manera voluntaria y sólo por unos meses, acepten un descuento del 20 o 30 por ciento de su salario mensual, el cual ronda por encima de los 150 mil pesos; es decir, a juicio del suscrito, Isabel Inés Romero Cruz, pedía algo para ella justo; sin embargo, personas como la Magistrada Concepción Flores Saviaga, apeló al derecho (y no a la justicia) ya que manifestó que existen dispositivos legales que protegen su salario, y es entendible el temor que dicha persona pueda tener, puesto que, es tan poco lo que gana, que no le basta lo que también obtiene de percepciones por su desempeño como Académico de carrera Titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y como Rectora de la Universidad Politécnica de Veracruz; en ese sentido, la Magistrada Flores Saviaga, es posible no tenga la calidad moral para exigir ninguna remoción al interior del Poder Judicial.

Por cuanto hace a que, si existieron o no irregularidades en lo asentado en los contratos relacionados con las ciudades judiciales, más bien deben exigir un pronunciamiento puntual al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), que para eso es ente fiscalizador externo, o ¿no?

A ver ahora hasta cuando termina este “dale, dale, dale, no pierdas el tino”, contra la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, que es evidente que, atrás de toda esa maraña mediática, existen intereses políticos que quieren dirigir todos estos embates únicamente contra dicha funcionaria, que se ha dedicado a jalarle las riendas a los jueces en beneficio de los justiciables, y de no creer, pregunten a los abogados postulantes si han notado cambios positivos en el actuar de los órganos jurisdiccionales.