“Las partes en el todo, y el todos en las partes”

Hay un supuesto teórico que dice que al ejercer el acto democrático facultamos al “estado” a ejercer la violencia sobre los habitantes, siempre y cuando exista transgresión de la ley o del marco de derecho, la figura de Antígona suplicando a Creonte (el estado) permitirle darle sepultura a su hermano muerto, y la inflexible respuesta de Creonte de no permitirlo porque su hermano atentó contra el “bien común” nos viene a la memoria. Si bien es cierto, la tajante determinación de Creonte tiene que ver con una ética pública, hoy incorporamos la ética particular o las garantías individuales que permiten que el derecho de Antígona de dar sepultura a su hermano sea incorporado, un estado que tiene que estar atento de ese tenue velo que separa la ética privada de la pública.

Damos por sentado que hay una sabiduría en el acto de gobernar, que tiene que ver con la democracia en sí, que supuestamente es la forma más justa y civilizada de organizar la vida en sociedad de los humanos, y, por lo tanto, la división de poderes es la garantía que la repetición consuetudinaria de la costumbre se haga ley y sea aplicada para todos por igual, dejando al poder ejecutivo administrar al estado desde esa retroalimentación entre los demás poderes para ejercer un poder público democrático y justo.

“El estado” entendemos que es el único facultado para ejercer violencia, es decir, que el Estado tiene la potestad del castigo ante la trasgresión del derecho, la violencia que se ejerce no debe ser ciega o producto de los humores, así que cualquier acto disciplinario debe estar plenamente justificado según los códigos, marcos legales, procedimientos jurídicos, o cuando menos, consensos democráticos. Ningún acto del estado debe ser arbitrario, y, por lo tanto, el ejercicio del poder público debe contener sus propios mecanismos de control y fiscalización.

Esta teoría del poder público, la división de poderes, y el estado democrático por mucho tiempo era eso, simple teoría, pues la democracia servía solamente para legalizar la asunción al poder público de individuos, que tan pronto eran ungidos gobernantes del poder público, iniciaban una construcción de mecanismos personales para ejercer el poder público desde dentro así como desde fuera de los mecanismos democráticos del ejercicio del poder público, es decir, corrían paralelos el derecho de facto y el procedimiento personal de forma de ejercer el poder público, sometiendo lo segundo a lo primero, así veíamos cómo el poder ejecutivo o presidencial ejercía un poder omnipresente que anulaba los demás poderes, e incluso, estos últimos, el poder legislativo y el judicial servían para legitimar y sostener al poder presidencial.

La degeneración del sistema político mexicano, y sus nefastas consecuencias que vivimos aún los mexicanos, tenía que ver con la falta de autonomía de los poderes públicos, la falta de una democracia auténtica, y principalmente, por el ciego y dictador sistema piramidal del poder público. La revuelta de las mayorías vivida en éstos últimos años, que hizo a un lado a esa clase política perniciosa que se corrompió y degeneró la política implica la reivindicación de los principios republicanos e ilustrados, y fundamentalmente, rescatar la funcionalidad del estado democrático y sus instituciones, y revertir la pirámide del poder público con fórmulas de participación ciudadana que apunte a una gobernanza incluyente y democrática.

Si bien es cierto, las reivindicaciones de justicia social e igualdad son los motivos esenciales de esa transición democráticas que vivimos hoy en día, estas nunca podrán solventar plenamente sin que primero se reivindiquen los supuestos teóricos republicanos e ilustrados, y principalmente, que se voltea la pirámide poder público presidencialista, y hablemos ahora sí de una democracia plena y auténtica.

Una pensaría que las formas ilegales e insanas de control y las estrategias para mantener el poder público son del pasado, y aunque podría parecer una petición de principio, el hecho que la misma forma en que está estructurado y operando el poder público lo implica, esto no es así, pues si hubiera una auténtica división de poderes, y que estos poderes ejercieran su contexto autónomamente, podríamos muy bien a que el mecanismo republicano democrático funcione, pero esto no ocurre así, ya que formal e informal los poderes obedecen a intereses ajenos al acto autónomo democrático tanto legislativo como judicial, y el ejercicio ejecutivo de un gobierno del pueblo se vuelve un purito inalcanzable, ya que los modos, las formas, y el acto mismo de gobernar, tiene que ver con ese deseo de extender “el poder” infinitamente. Por eso podemos decir que ejercer el poder público vuelve a los muchos enfermos o narcisos.

Especulamos que sabemos quiénes y cómo operaban en su máxima expresión esa simplificación del sostenimiento del poder público antidemocrático, y que la nueva-vieja clase política se ciñe a la coherencia democrática que obliga entre comillas estos nuevos tiempos de la república, salvo el presidente Obrador, muy pocos se salvan de la seducción conscientes o inconsciente de las formas del sostenimiento del poder público que paradójicamente hemos venido señalando. Y lo peor, que el estado democrático es usado como un instrumento antidemocrático de terror y coerción. Y permítame explicar a lo que me refiero.

En todas partes sabíamos cómo operaba esa mafia del poder prianista, y quienes eran, y el control que tenían de los medios de comunicación, o mejor, el contubernio que tenían con los mass medias, e incluso, el confort que le proporcionaban a los “intelectuales” que le permitía una defensa a ultranza de esa narrativa legitimadora democrática, que privilegiaba la forma más que el contenido, sabíamos cómo existía una red piramidal de complicidades que permitía el sostenimiento sin contratiempos del poder público presidencial, desde su forma municipal, gubernamental hasta presidencial, y que nadie ni nada se les oponía, la maquinaria de la dictadura democrática en su momento culmen presentaba la asunción del nuevo tlatoani como la asunción de los grandes faraones del imperio egipcio, con sus cortes interminables, su recorrido imperial por las principales avenidas de la ciudad de México, hasta su llegada al pleno legislativo para ceñirse la corona del rey de reyes.

Pensamos que esas fiestas paganas de la asunción del tlatoani era cosa del pasado, pero no es así, seguimos viendo al gobernante como un pequeño divino, el poder que ejercen los impregna de un aire ajeno a lo terrenal, pues su gobierno se vuelve el gobierno de unos cuantos, porque el sometimiento de los demás poderes al poder ejecutivo está presente, y el pasado está muy presente.

En Veracruz como en muchos lados donde triunfó el movimiento obradorista albergamos la esperanza que todo iba a ser diferente, que habría coherencia y conciencia democrática en sus gobernantes, que “la modernidad democrática” llegaría para quedarse y que los veracruzanos nos pondríamos a trabajar hombro con hombro por un mejor Veracruz, pero no fue así, el poder público como lo he explicado más arriba se comenzó a ejercer como siempre, primero, se embadurnó de guinda tirándole a una café cobrizo la papelería y los distintivos del gobierno estatal, se envió el mensaje desde ese momento que el gobierno sería partidista, sectario, y tendencioso como los demás, pensé que iba a quitar colores para no parecerse a los gobiernos anteriores panistas o priistas que pintaron de azul y rojo respectivamente al gobierno estatal, pero no fue así, la simulación hizo su primera aparición.

Después comenzaron a repetir la historia que ya conocemos, ejercer una nula división de poderes, cuando menos entre el legislativo y el ejecutivo, siendo el poder legislativo con una mayoría morenista un apéndice del gobierno estatal, sin diferencia, falsos obradoristas tirándoles a prianistas, se hicieron con los principales puestos gubernamentales, y cínicamente se presentaron como la nueva clase política, se adueñaron de MORENA y dejaron a un lado a los verdaderos fundadores del obradorismo, se presentaron como falsos redentores de la 4ª T. en Veracruz, y construyeron mecanismos de financiación estatal para que cada elección, así que cada elección fuese una “Elección de Estado”, tanto las internas como las constitucionales, como en los viejos tiempos de “la dictadura democrática prianista”, la democracia quedó como un concepto discursivo, y el poder público se ha usado para mantener el poder gubernamental, les ha importa un comino los principios de la 4ª T., así que su afán principal es mantener sus grupos de poder, por eso vemos a un gobernador apostar por la jefa de la Ciudad de México, Sheinbaum, como su candidata a la presidencia de la república, y a la Secretaria Nahle, como su candidata a la gubernatura del estado de Veracruz.

Pensamos los veracruzanos que habría un estado democrático que echaría abajo las decisiones antidemocráticas de los anteriores gobiernos, que consultaría al pueblo veracruzano las decisiones que fuera a tomar de interés público, pero no fue así, continuaron actuando igual que los demás gobierno prianistas, por ejemplo, siguieron viendo a Tránsito del Estado como una buena fuente de aterrorizar a la gente y obtener dinero fácil, así vemos como en la ciudad capital y otras muchas ciudades veracruzanas día con día, los Agentes de Tránsito en contubernio con las empresas privadas de grúas, cumplen a pie juntilla sus cuotas de infracción y acarreos de autos al corralón, así vemos como imponen un cambio de placas pintadas de guinda obligatoriamente, a fuerza, y cómo se inicia una campaña de terrorismo de estado amenazando que aquel que no haya cambiado las placas de su carro será infraccionado y levantado su unidad vehicular, aunque eso sea un acto inconstitucional.

Hace 61 años, en 1962 se creó el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos bajo la premisa que sería una contribución temporal que ayudaría a financiar la organización de los juegos olímpicos que sería realizado en la ciudad de México en 1968, pero se quedó para la eternidad, además se dividió en “impuesto estatal tenencia auto” y “derecho de control vehicular”, y aquí en Veracruz se agregó sin consultar a la gente, un donativo a la Cruz Roja, que quizás nadie se negaría hacerlo, pero no obstante, se tendría que consultar, y un gravamen con el pomposo nombre de “para el fomento de la educación” de 492.29 pesos.

Así podríamos seguir enumerando una larga lista de actos del gobierno del estado que repiten la misma historia que sus antecesores a quienes criticaron, ya les hablaré más específicamente como opera la nueva mafia del poder en Veracruz, así que podemos decir sin temor a equivocarnos, que aquí en Veracruz la 4ª T. ha sido un fracaso, porque “el gobierno del estado roba, miente y traiciona a los veracruzanos”.

Enero 2022

CD/YC