***En época electoral es usual escuchar a los candidatos que postulan a un cargo público formular y/o sustentar promesas de campaña las cuales, según ellos, llegarían a materializarse de ocupar el cargo al que postulan. Estas promesas, en tanto sean coherentes y sostenibles, son sanas para la democracia y facilitan el ejercicio de un voto informado. Sin embargo, en ciertas ocasiones, estas destacan por ser irreales o inverosímiles. Es decir, en palabras sencillas, resultan imposibles de realizar –ya bien porque exceden a las facultades o competencias atribuibles al cargo público al que se postula o porque no existen las condiciones (materiales, económicas) para concretizarlas– generando así únicamente que el elector se confunda y se cree falsas expectativas de que exista la posibilidad de su cumplimiento.

Por ejemplo, un candidato a senador, diputado federal o local en sus visitas a colonias, reuniones con empresarios, sector obrero, deportivo entre otros hacen compromisos de apoyarlos una vez que lleguen al cargo, pero cuando llegan al puesto de legislador dicen que ellos solo ven cuestiones de leyes, que ellos no tienen presupuesto, porque eso no lo dicen de frente a la ciudadanía a la que hacen perder tiempo e ilusionan, pero ya nadie se deja engañar.

Conviene precisar, en principio, aunque pueda sonar contradictorio, que este tipo de prácticas no necesitarían ser objeto regulación jurídica siempre y cuando nuestro electorado se caracterizara por ser informado y criterioso puesto que, de esta manera, podría identificar fácilmente aquella promesa que resulta viable de la inverosímil, “castigando” al candidato con su voto y restándole credibilidad al partido político que representa. No obstante, hay que reconocer que nuestro electorado no se caracteriza precisamente por las mencionadas características.

Un porcentaje de la ciudadanía aún no distingue de manera clara cuáles son los roles y los límites de las competencias atribuibles a cada funcionario público de elección popular. Es así que, aprovechándose de esto, por ejemplo, diversos candidatos al Congreso continúan prometiendo en sus propagandas electorales la creación de programas sociales o la construcción de colegios y hospitales, a sabiendas de que la realización de esas promesas van más allá de sus funciones –estas corresponden al Ejecutivo– haciéndolo puesto que conocen que estas promesas resultan mucho más atractivas para el elector que una propuesta legislativa, la cual resultaría más técnica y compleja de entender.

De esta manera, el sector del electorado que cree en este tipo de formulaciones se convierte en vulnerable ante aquellos candidatos que pretenden sacar ventaja de ese desconocimiento o ignorancia, para así formular promesas irreales con el objetivo deliberado de engañarlos, confundirlos y “ganarse unos votos a su favor”.

Ejemplos diversos, en los que se han formulado promesas irreales o imposibles, no ya por una promesa cuya realización excede al encargo de sus funciones, sino debido a una imposibilidad jurídica o material, se ha visto en la pasada contienda electoral y se verá de la misma manera en 2024. Cuánta razón de Italo Gómez.

CD/YC