Cada 18 de marzo nuestro país conmemora uno de los hechos más importantes a nivel histórico, la expropiación petrolera. Y en este 2023 se cumplen 85 años del decreto que realizó el entonces Presidente de México, Lázaro Cárdenas.

La Expropiación Petrolera de México fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país.

Es indispensable mencionar que la historia del petróleo en México ha estado unido a una constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de los hidrocarburos. Conforme a esto en 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con el firme apoyo del gobierno federal. Posteriormente en 1936 el STPRM reclamaba reivindicaciones económicas, las cuales fueron rechazadas por las compañías petroleras, entre ellas: la semana laboral de cuarenta horas; pago salarial durante enfermedades; indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de cinco pesos, jubilaciones, entre otras[1].

Conforme a lo anterior en mayo de 1937, el sindicato manifestó su decisión de declarar la huelga si las empresas no respondían satisfactoriamente a lo que el STPRM lo presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) como un conflicto de carácter económico. La JFCA revisó la situación y determinó que las empresas contaban con los recursos suficientes para cumplir con la solicitud de los trabajadores. Por lo que en diciembre de ese mismo año la junta pronunció un laudo para que las empresas establecieran las condiciones de trabajo exigidas, a partir de la primera semana de 1938[2].

Así el 18 de marzo de 1938 cuando el Presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos[3].

El decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of México, la Compañía Petrolera El Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias[4].

De igual forma la expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir en mar y tierra. Esto represento que el gobierno obtuviera más recursos económicos, con lo cual se fortalecieron las finanzas públicas, y al tener buenos ingresos la actividad económica del país tuvo un incremento significativo[5].

Un antecedente importante a la expropiación fue la implementación de la Ley de Expropiación de 1937 en la encontramos como objetivo principal la de establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones[6].

El 7 de junio de 1938 casi tres meses después de la Expropiación se fundó la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), otorgándole facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país[7].

Es necesario destacar que, en nuestro país, la actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en nueve estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz[8].

CD/YC